El pasado 9 de marzo, la Diputación Foral de Gipuzkoa aprobó una exención fiscal para las indemnizaciones recibidas por las personas afectadas por el amianto. Esta medida se enmarca dentro de una serie de políticas destinadas a reconocer y compensar los daños causados por este mineral altamente peligroso.
El amianto es un material que fue utilizado durante décadas en la construcción y la industria, pero que se ha demostrado altamente cancerígeno y causante de otras enfermedades graves como el asbestosis o la mesotelioma. A pesar de que su uso fue prohibido en muchos países a partir de la década de los 80, las consecuencias de su exposición pueden tardar décadas en manifestarse, por lo que aún hoy en día se están diagnosticando nuevos casos.
En este contexto, la Diputación Foral de Gipuzkoa ha decidido dar un paso más en el reconocimiento de los derechos de las personas afectadas por el amianto, aprobando una exención fiscal para las indemnizaciones que reciban en concepto de daños y perjuicios. Esta medida supone una importante ayuda para las víctimas, ya que les permitirá recibir una compensación justa sin tener que pagar impuestos por ella.
La exención fiscal se aplicará a las indemnizaciones recibidas tanto por vía judicial como extrajudicial, siempre y cuando se hayan producido como consecuencia de la exposición al amianto en el ámbito laboral. Además, la medida tendrá efecto retroactivo desde el año 2020, por lo que también se beneficiarán de ella las personas que hayan recibido indemnizaciones durante el pasado ejercicio fiscal.
Con esta medida, la Diputación Foral de Gipuzkoa muestra su compromiso con las personas afectadas por el amianto y su voluntad de reconocer los daños causados por este mineral. La exención fiscal para las indemnizaciones es una medida justa y necesaria que contribuirá a aliviar en parte el sufrimiento de las víctimas y sus familias.
Además de la exención fiscal, la Diputación Foral de Gipuzkoa también está trabajando en otras iniciativas para proteger los derechos de las personas afectadas por el amianto. Entre ellas, destaca la puesta en marcha de un registro de afectados que permitirá conocer con mayor precisión el número de personas afectadas por esta sustancia en el territorio.
También se está impulsando la creación de un fondo de compensación que permita a las personas afectadas por el amianto recibir una ayuda económica adicional a las indemnizaciones que puedan recibir por vía judicial o extrajudicial. Este fondo se financiará con una aportación de las empresas responsables de la exposición al amianto y también contará con la colaboración de la Administración.
En definitiva, la Diputación Foral de Gipuzkoa está trabajando de forma decidida para reparar los daños causados por el amianto y proteger los derechos de las personas afectadas. La exención fiscal para las indemnizaciones es una medida importante que contribuirá a paliar en parte el sufrimiento de las víctimas, pero también es necesario seguir avanzando en otras iniciativas como el registro de afectados o la creación del fondo de compensación.
Esperamos que esta medida sirva de ejemplo para otras administraciones y empresas y se tomen medidas similares para reconocer y compensar los daños causados por el amianto. La salud y el bienestar de las personas deben estar siempre por encima de cualquier interés económico o empresarial.
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